domingo, 27 de septiembre de 2015

LA JUSTICIA COMUNITARIA UNA HERRAMIENTA PARA LA PAZ Y EL POSCONFLICTO EN COLOMBIA

En Colombia existen arraigados hábitos de las comunidades para la resolución pacifica de sus propios conflictos, basándose en  el criterio de la equidad y de acuerdo a los usos y costumbres, sin necesidad de la mediación especializada en derecho. A partir de 1991 esta tradición, espontánea y natural tendencia, alcanzó expresión en el ordenamiento constitucional y legal debido a que la Carta Magna aprobada ese año por la Asamblea Nacional Constituyente creó y/o fortaleció instrumentos de Justicia Comunitaria (JC) como la Justicia de Paz, la Jurisdicción Indígena, los Consejos Comunitarios de población afro y la Conciliación en Equidad, reconocidamente útiles para el tratamiento de conflictos comunitarios.
La categoría constitucional y legal dada a la llamada JC proviene del pluralismo jurídico, tendencia contemporánea derivada, a su vez, de lógicas progresistas frente a la globalización que optan por la diversidad y la diferencia; responde igualmente a una justicia  más acorde con las aspiraciones de la sociedad, es novedosa y trata de acercar la justicia a la ciudadanía común, haciéndola asequible y de fácil acceso. Restituye la vigencia de los valores comunitarios y vecinales y logra la cohesión social mejorando la convivencia y reconstruyendo el tejido social.
Ahora bien, dado que Colombia vive un prolongado conflicto social y armado que se alimenta principalmente de la expropiación de la tierra al campesinado, la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la exclusión social -cuyas secuelas son millones de personas y familias desarraigadas, desplazadas y victimizadas-la ponencia tratará de fundamentar la idea que la sustenta: cómo las diferentes formas de justicia comunitaria suplen, en estas poblaciones vulneradas, las instancias de regulación y control social del Estado y a su vez, por sus virtudes para reconstruir el tejido social, podrían convertirse en un gran soporte para el actual proceso de paz y el post conflicto. Igualmente se explicará el aporte de otras justicias alternativas como la restaurativa y la justicia transicional
Explicaremos por qué estas singulares formas de justicias acercan a la convivencia y a la reconciliación y facilitan la construcción de comunidades más justas, democráticas e incluyentes, condición necesaria para aclimatar una paz duradera y sostenible en Colombia.

La Justicia Comunitaria

Entendemos por JC todas aquellas formas que tienen las comunidades para prevenir, tratar o transformar sus conflictos de manera pacífica, sin la mediación de profesionales del derecho ni de los tribunales del Estado, encontrando así las soluciones adecuadas. En su desarrollo, las personas involucradas plantean sus propias opciones de solución a los problemas y conflictos, en algunos casos con la ayuda de una mediación, una amigable composición, la conciliación en equidad o la justicia de paz, cuya ejecución se basa en el concepto de la equidad, resolviendo el conflicto de acuerdo a usos y costumbres de la comunidad.
La JC se basa en la diversidad étnica y cultural de Colombia y en la capacidad de diálogo que tienen las personas dentro de sus comunidades, quienes a partir de sus formas de relacionarse y convivir procuran que ante un conflicto, en lugar de perdedores, todos sean ganadores. De esta manera se preservan y fortalecen las diversas costumbres, usos, creencias, prácticas y procedimientos basados en valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la amistad, en concordancia con unos principios justos, que dan a cada quien lo que le corresponde. Entre sus principales expresiones se encuentran la Justicia de Paz, los Consejos Comunitarios de población afro, la justicia de la población Rom o gitana, la mediación juvenil y la Conciliación en Equidad.
La particular importancia que la Constitución del 91 dio a estas figuras alternas no es gratuita, sin embargo, por el contrario, es la aceptación de unas dinámicas histórico/sociales, y aún antropológicas, derivadas de la composición multiétnica y pluricultural de la nacionalidad colombiana, de tal manera que la decisión del constituyente, en ese sentido, estuvo determinada por dicha impronta, lo que condujo por ejemplo a otorgar funciones jurisdiccionales a las autoridades indígenas para abordar los conflictos suscitados entre miembros de su respectivo grupo, frente a hechos ocurridos dentro de su jurisdicción, aunque sin entrar en contradicción con la filosofía general de la constitución. La característica general de esta y otras formas de la justicia alternativa consiste en su prescindencia del sistema judicial formal, que por sus condiciones históricas y políticas resulta en muchos casos agravando los conflictos.
A partir del 91 se permite que particulares puedan transitoriamente administrar justicia: en la ley 23 de ese año se crea la figura de la conciliación en equidad, servida por personas sin formación jurídica pero de reconocido liderazgo en la comunidad, y en la ley 497 del 99 se organiza y reglamenta el funcionamiento de la justicia de paz (JDP), similar a la conciliación en equidad y sólo diferenciada en que esta última tiene la facultad de dirimir el conflicto, fallando o dictando sentencia con los mismos efectos que les otorga a las sentencias la justicia ordinaria estatal.
La JDP está concebida como un instrumento de administración de justicia en escenarios y frente a conflictos sobre los cuales el aparato judicial ordinario no tiene posibilidad de actuar con plena eficacia. La naturaleza de las controversias, los actores que se enfrentan y los espacios en los que se dan muchos conflictos son inalcanzables para los procedimientos de los jueces formales. Frente a ello, en Colombia la JDP se presenta como un instrumento útil para contrarrestar la violencia a través de la gestión pacífica de los conflictos cotidianos, mediante procedimientos más idóneos para ese tipo de conflictividad y tomando decisiones en equidad. Tiene, además, características especiales, diferenciadas claramente de la justicia formal o estatal, de las cuales destacamos, a) rescata la convivencia, al utilizar mecanismos de reconstrucción del tejido social; b) busca el tratamiento integral de los conflictos, ya que además de la dimensión jurídica contempla también aspectos económicos, culturales y sociales, y, c) amplía el acceso a la justicia en tanto que no sólo es más cercana sino también gratuita.
Estas características adquieren especial relevancia teniendo en cuenta que ciertas investigaciones sociojurídicas ubican los obstáculos, que en el acceso a la justicia tienen las clases populares, en los elevados costos del litigio, pues si estos resultan difíciles para la ciudadanía en general, son impensables para sectores económicamente débiles. Además, hay sitios geográficos a los que no llega el aparato judicial y cuando lo hace es con retrasos de hasta cuatro años en un trámite.
Pero además la JDP potencia la autonomía de las comunidades, pues les permite definir sus propias reglas, elegir y fiscalizar a sus propios agentes, lo que les da más fortaleza para su interlocución colectiva frente al Estado. Igualmente, se gana en identidad y pertenencia, pues la Justicia Comunitaria es una herramienta de construcción de comunidad, que permite producir y consolidar sus propias normas, produce y reproduce sentimientos de pertenencia cuando se aceptan y acatan sus normas. Desde el principio, la gestión de los conflictos se encamina a recomponer no sólo a las partes y el vínculo entre ellas, sino al conjunto de la comunidad y a los vínculos que se hayan afectado con el conflicto.
La JDP responde a un derecho basado en las aspiraciones de la sociedad, es original y pretende acercar la justicia al ciudadano común para hacerla asequible, restituyendo la influencia de los valores vecinales y comunitarios y logrando la cohesión de las comunidades; representa un cambio en el perfil del juez y en su papel fundamental, pues sus procedimientos son democráticos y permiten ensayar procesos más eficaces que el litigio, para resolver  las diferencias.
En general, este es quizá uno de los más valiosos aportes que hace la JC: propiciar un ambiente de convivencia en el que las partes terminan mejorando sus relaciones, se fortalecen y aportan a la construcción del tejido social. Se trata de una propuesta que surge en la Asamblea Constituyente de 1991 y que apela tanto a la tradición nacional como a otras recientes experiencias latinoamericanas; en esencia, se trata de buscar la colaboración de particulares en la tarea de administrar justicia (con excepción de los asuntos penales y constitucionales) con amplia participación ciudadana; en este sentido, se rescata la importancia de la participación comunitaria popular en las zonas de conflicto, y de la promoción de la convivencia ciudadana.

Solución integral y pacífica de los conflictos 

Como se sabe, la JDP mira desde diferentes perspectivas el conflicto, lo trata en sus variadas dimensiones y lo resuelve integralmente. En un país de circunstancias histórico/sociales como las que atraviesa Colombia, en las que la administración de justicia carga los peores lastres de exclusión, discriminación y parcialidad clasista, racista y sexista, esta figura ocupa un destacado lugar en cuanto a la reducción de aquellos indicadores negativos, por cuanto, por ejemplo, el Juez de Paz al asumir un caso interviene sobre varios asuntos litigiosos en que se trenzan las partes, e igualmente analiza las perspectivas no jurídicas del conflicto -y que dieron origen a aquel-, como la cuestión afectiva, la cultural y religiosa, entre otras. Por lo demás, el tratamiento que se da al conflicto favorece la armonía comunitaria, ya que el juez tiene la facultad para facilitar la intervención de toda la gente afectada por una controversia, aun cuando no haya sido citada por las partes ni haya reclamado su intervención procesal.

Métodos Apropiados de Resolución de Conflictos (MARC)

Se ha dicho que cuando una sociedad está más integrada social, axiológica y culturalmente, menos requerirá del aparato de justicia formal en la solución de sus conflictos, y acudirá con más frecuencia a los mecanismos e instituciones de resolución de conflictos que son propiamente informales, ya que estos están al servicio de la comunidad y generan espacios democráticos, de participación ciudadana autónoma, propiciando la convivencia pacífica.
El reconocimiento y el respeto por la diferencia entre los miembros de una comunidad, posibilitan comprender que el conflicto no es lo ideal, tratamiento que difiere de la actuación del Estado cuyo énfasis radica en que el negocio jurídico tenga solución en los términos señalados por la ley, o se cumplan las formalidades y requisitos en la toma de decisiones políticas ajustadas a ella. Por ello, los MARC resultan superiores a la actuación oficial, ya que se basan esencialmente en filosofías democráticas y descentralizadoras, que buscan construir sociedades tolerantes, con capacidad de resolver pacíficamente los conflictos cotidianos, gran contribución a la búsqueda de la paz y la convivencia armónica en sociedades altamente conflictuadas, como la colombiana.
El debate sobre el papel del individuo o de la comunidad en la construcción de paz; el respeto por la diversidad étnica y cultural; la calidad de vida; el logro de una convivencia pacífica; el respeto por los Derechos Humanos; la justicia social y la democracia, sólo se obtienen con los esfuerzos de la misma comunidad y como un resultado del funcionamiento, en el mundo institucional, de los mecanismos determinados en la ley como de participación ciudadana.



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