La vida se les dañaba cada ocho días. Cada que llegaba el sábado y
el vecino del 503 encendía su equipo a todo volumen. Entonces empezaba
un taconeo por las gradas como una cabalgata de niñas en minifalda,
oliendo a todos los perfumes, trepando los cinco pisos entre susurros y
risas nerviosas.
Fernando, el vecino incómodo, tenía una discoteca en su apartamento.
Aunque el inmueble no era suyo, había adaptado un bar y una pista de
baile entre la salacomedor y el estudio con luces sicodélicas para
armar la rumba que se asomaba por el balcón y estremecía todo el
edificio.
Ese es el último de los ocho edificios de un conjunto residencial
ubicado en el barrio El Refugio, al sur de Cali, por lo que sus
‘invitados’ semanales -no siempre los mismos-, tenían que atravesar toda
la unidad para llegar a la cita. El ‘boleteo’, como dijo una vecina,
era evidente.
Las rumbas de Fernando y sus amigas duraban toda la noche, sin pausa,
en una edificación donde lo que se hace en un apartamento se escucha en
el otro y los decibeles están restringidos. Casi nadie podía dormir.
Dora Alicia, la vecina de enfrente, se cansó de reclamarle, de gritarle,
de insultarlo y después, de suplicarle que le bajara al volumen.
También la señora Mariela del 502, Ana María del 403, don Rogelio el del
402... todos reclamaban desesperados.
La Policía llegaba cada vez a pedirle a Fernando que le bajara al
volumen. Muchas veces le cancelaron la fiesta. Los porteros ya no
querían subir a llamarle la atención porque varias veces les sacó
revólver y los amenazó con lanzarlos al vacío.
Al final todos, cansados, recogieron firmas para pedir a la
administración la expulsión del incómodo vecino. Se quejaron ante la
Inspección de Policía de Meléndez y le exigieron al arrendador que se
solidarizara con la unidad y le pidiera el apartamento a Fernando. Pero
nada valía.
Por el contrario, la rumba de los sábados se repetía los domingos y a
veces algún día entre semana. Fernando ya amenazaba con pegarle un tiro
al vecino furioso que le iba a reclamar. Este lo instaba a que se lo
pegara y al hombre, en medio de sus tragos, no le faltaban ganas.
“A esta pelea solo le faltó un muerto”, advierte Dora Alicia. Hubo
demanda por tentativa de homicidio y caución contra Fernando por
perturbar la tranquilidad pública. Finalmente, el arrendador, ya
envuelto en problemas por permitir los desafueros del cliente en su
inmueble, no le renovó el contrato.
Por fortuna este conflicto que se estaba volviendo una llaga en el
alma de Dora Alicia, Mariela, Ana María, Rogelio y los habitantes de al
menos 40 apartamentos del conjunto residencial, no terminó en una
tragedia.
Como sí ocurrió con un caso similar en el edificio Santa
Cruz de los Molinos, al norte de Bogotá, donde el lunes 2 de
septiembre, David Manotas, que vivía en el apartamento 304, asesinó a su
vecino del 204 Francisco José Cifuentes Ferreira, quien reiteradamente
le reclamaba que le bajara el volumen al equipo de sonido porque no lo
dejaba dormir.
Igual que Fernando, Manotas acostumbraba a armar rumbas a todo
volumen, en medio de gritos y al parecer de droga, y no dejaba dormir al
vecindario. Muchas veces Cifuentes le reclamó. Pero, esta vez, del
reclamo pasaron al forcejeo y Manotas le propinó varias puñaladas a su
vecino a quien luego arrojó por el balcón. El caso es un escándalo
nacional y está en manos de la Fiscalía.
Convivencia, amenazada.
Los problemas de convivencia, la intolerancia entre vecinos son,
según Cisalva, una de las mayores causas de violencia en la ciudad (ver
columna).
El capitán David Díaz, coordinador del Centro Automático de Despacho
de la Policía Metropolitana de Cali, sostiene que, de acuerdo con sus
registros, a los caleños les afecta más los problemas de convivencia que
la misma inseguridad.
El oficial indicó que este año, entre enero y agosto, el CAD
ha recibido cuatro millones de llamadas de ciudadanos. Y aunque el 83 %
son inoficiosas, hechas para distraer la atención de los policías
reportando casos falsos o haciendo bromas o insultos, el 17 % restante
(más de 680.000), muestran qué les molesta a los caleños.
“Los primeros cinco ítems son de afectación ciudadana, no por la
ocurrencia de un delito, sino por el comportamiento social”, dice Díaz.
En efecto, en este año la Policía ha recibido más de 132.000 llamadas
dando cuenta de riñas. Esto abarca alegatos entre vecinos, la mayoría de
las veces insultos de palabra y en menor proporción algún tipo de
agresión física.
En segundo término, hay más de 81.000 quejas al CAD por la
alteración de la tranquilidad, alto volumen de los equipos y mal manejo
de residuos por parte de algunos vecinos.
La tercera causa de malestar ciudadano la Policía la clasifica como
‘comprobación de queja’. Esto hace referencia a aquellas denuncias
contra alguien que está haciendo algo indebido, como arrojar desechos a
sitios no permitidos, consumir sustancias prohibidas o señalar a una
persona que está requerida por algún delito. Entonces la Policía tiene
que ir a comprobar si es cierta la denuncia. Por esto se han hecho más
de 65.000 llamadas este año.
De igual manera, hay más de 60.000 llamadas por alarmas
comunitarias. Dado que se han masificado los sistemas de seguridad
electrónica en edificios y vecindarios, la gente reporta a la Policía
cuando suena una alarma a fin de que se compruebe si se está cometiendo
algún delito o contravención.
Y, en quinto término, está la actitud sospechosa de alguna persona
que es vista merodeando en algún lugar, lo cual ha sido denunciado
por más de 43.000 ciudadanos.
Curiosamente, los disparos con armas de fuego apenas tienen poco más
de 12.000 reportes y es el último motivo de llamada al CAD de la
Policía. “El comportamiento ciudadano y su relación con el entorno es lo
que más afecta a la gente”, concluye el capitán Díaz.
Tras la conciliación
Otra parte adonde llegan los líos entre ciudadanos es la Personería
Municipal. La directora de su centro de conciliación, Ana Cecilia
Collazos, indicó que recibe cada mes unos 120 casos de orden civil, de
familia y de tránsito, de los cuales 70 son conciliados
satisfactoriamente.
“La gente no sabe que existe este servicio donde pueden resolver
fácilmente sus diferencias y nos ha tocado ir a las comunas a
promocionarlo”, dice Collazos.
Los jueces de paz son otra jurisdicción que se dedica a la
solución de los conflictos de la gente. Nevardo Carmona, juez de Paz de
la Comuna 13, dice que el año pasado los 170 jueces que conforman esta
instancia de justicia gratuita atendieron 70.000 casos, de los cuales
58.000 correspondían a problemas de deudas y no pago de arrendamientos.
Es curioso, pero mucha gente vive meses y meses en un inmueble y no
paga el canon de arrendamiento. Pero lo más sorprendente es que se va
sin pagar la deuda y luego repite la misma historia en otra parte, como
un carrusel de defraudación, advierte Carmona.
Detrás de todo esto, lo que hay es un grave problema de intolerancia e
irresponsabilidad que “se ha arraigado tanto que la gente quiere hacer
justicia por su propia mano”, como advierte Miguel Sánchez, juez de Paz
de la Comuna 4 desde hace 11 años.
Y otra de las razones que no ayuda a la convivencia ciudadana, como
él mismo afirma, es que hay tanta tramitología y demora en la justicia
ordinaria que muchos prefieren dirimir los conflictos por su cuenta. O
dejar así.
Arrendamientos, un lío mayor
Félix Ampudia, llevaba siete meses sin pagar el canon de
arrendamiento. Al propietario del inmueble le decía que estaba mal, que
no tenía trabajo y tenía que conseguir el sustento de sus cinco hijos.
Al principio, el dueño entendió, pero después le exigió que le pagara o
le desocupara. Ampudia vivía en una casa del barrio El Poblado.
Un viernes, el afectado acudió al juez de Paz Nevardo Carmona (de la
Comuna 13) en busca de un acuerdo. Ampudia explicó que estaba en mala
situación. El dueño le dijo que al final no le interesaba que
le pagara ni un peso de la deuda, “lo que necesito es que me desocupe
mañana”, le advirtió. Pero Ampudia no le desocupó. El lunes siguiente,
el dueño se fue con machete a agredirlo, se armó todo un lío en el
sector y el arrendatario tuvo que sacar sus cosas ‘a millón’, “salir
braveado para la calle porque no tenía a dónde ir”, relata Carmona.
El juez de paz dice que estas “son deudas irrecuperables porque la
gente no tiene plata y para recuperarla el afectado tendría que iniciar
un proceso por justicia ordinaria y pagar un abogado que le cobra uno o
dos millones de pesos para restituir el bien inmueble”.
Otro de los muchos casos de líos por arrendamientos fue conocido
por la Personería. Desde 1995 la señora Graciela Manzano, copropietaria
de un apartamento en Los Alcázares explotó económicamente el inmueble y
no le rindió cuentas a sus socios Darío Mejía y Elvira Velasco, también
propietarios; no pagó al banco las cuotas de la hipoteca, ni el
impuesto predial, ni la contribución de valorización por las megaobras.
La deuda con sus socios sumaba $29 millones. Estos acudieron a la
Personería en busca de una conciliación, donde Graciela ofreció pagar
$11 millones. Uno de los socios aceptó y el otro no. La sociedad y la
convivencia se dañaron.
Contra el ruido
El ruido es uno de los aspectos que más problemas de convivencia
generan en la ciudad. No solo el de las viviendas, sino también el que
producen establecimientos públicos.
Mónica Duque, jefe del grupo de impactos comunitarios del Dagma
indicó que este año se han realizado 430 operativos contra ruido en
establecimientos públicos, que han dado como resultado 49 medidas
preventivas, consistentes en la suspensión del uso de equipos de
amplificación, se han hecho 15 decomisos y 7 cierres temporales.
En estos líos de convivencia, que el Dagma denomina ‘impactos
comunitarios’, se han recibido 1752 quejas, el 14 % de las que llegan a
la entidad.
Malos vecinos
La vida se volvió insoportable en un exclusivo edificio del Oeste de
Cali por cuenta de dos vecinos que hacían de las suyas. Según relatan
algunos, cuando se les fundía un bombillo en sus apartamentos se robaban
los focos de las zonas comunes y las dejaban sin luz. Tomaban agua de
la copropiedad con instalaciones fraudulentas. A un vecino le pirateaban
la señal de televisión, derivando cables desde la azotea hacia su
apartamento.
Tampoco tenían problema en invadir parqueaderos privados de
otros propietarios para acomodar sus carros o el de las visitas. Y
llegaban al colmo de dejar las bolsas de la basura en el ascensor.
Para completar, uno de ellos debía $18 millones de administración y
terminó ofreciendo solo $4 millones para saldar la deuda. Finalmente,
solo con cobros jurídicos y sanciones de las empresas de servicios, los
vecinos se aconductaron.
Matoneo escolar
Esta semana, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y la
ministra de Educación, María Fernanda Campo, reglamentaron la ley de
convivencia escolar.
La norma marca una ruta para incorporar acciones en temas como la
prevención, la atención y el seguimiento de la convivencia en el ámbito
estudiantil
y para combatir el matoneo escolar.
Por otra parte, un estudio de Cisalva y las universidades del
Valle y Javeriana en 26 sedes educativas del centro y oriente de Cali
(comunas 8, 9 y 12) encontró que el 3,8 % de los niños de tercero de
primaria se sentían frecuentemente intimidados por sus compañeros de
clase. El 30 % de los menores manifestaron que alguna vez fueron
acosados por sus pares escolares.
Trece de estas escuelas fueron intervenidas con talleres para los
docentes y actividades lúdicas para los estudiantes, con el objetivo de
reducir el matoneo escolar o ‘bullying’.
Al finalizar las actividades, solo un 0,48 % de los niños dijeron ser
víctimas frecuentes del ‘matoneo’ escolar (3,33 puntos porcentuales
bajó con respecto a la medición inicial) y el 20 % señalaron que eran
intimidados en algunas ocasiones, un 10 % menos que al comienzo del
proyecto.
